El tipo de injusto del delito de tráfico de influencias

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agosto 8, 2012 por rubenherrerogimenez

A continuación, analizaremos el tipo de injusto del delito de tráfico de influencias a partir del análisis de la Sentencia del Tribunal del Supremo (núm. 300/2012 de 3 mayo. Recurso de Casación núm. 1445/2011).

El supuesto de hecho frente al que nos encontramos parte de la petición de suspensión, por un superior, de unas actuaciones que estaban practicando unos agentes en un expediente por supuesta infracción de tráfico.

Esta Sentencia nos parece interesante por diversas razones:

De un lado, porque perfila la “intensidad”[1] que el comportamiento de <<influir>> debe poseer y, desde otro, porque entra en el análisis del Juicio de antijuridicidad donde explica (en el seno de tipo de injusto) cuál es el bien jurídico[2] protegido, enumera los elementos de la conducta[3], delimita el tipo objetivo[4], el fin de la acción[5] y el ámbito de protección de la norma[6].

Finalmente, importante es hacer mención a una afirmación que, se contiene en el cuerpo[7] de esta resolución que sirve de estimación del recurso presentado a esta Sala:

<<…la supuesta influencia (del subinspector hacia los agentes) no iba dirigida a conseguir de los agentes una resolución administrativa, sino que se movió en el ámbito de los actos de trámite o actos preparatorios, por lo que no concurre en el supuesto enjuiciado un elemento esencial


[1] <<…”los actos de influencia deben poseer capacidad suficiente de subordinación o condicionamiento significativo del funcionario en cuestión” y constituir usos impropios o abusivos de las atribuciones públicas que ostenta el sujeto activo. Destaca la doctrina citada por la parte recurrente que el verbo “influir” incluye la producción de efectos, y cuando de las acciones de una persona sobre otra se trata, implica predominio o fuerza moral. Añadiendo que la prueba de esta interpretación que exige la capacidad eficiente de la acción para condicionar al funcionario se encuentra en el propio Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777), que distingue de modo muy expresivo la conducta de quien “influyere ” tipificada en los arts. 428 y 429 del Código, de la conducta de quien “intentare influir ” tipificada en el art 464 1º del mismo texto legal (influencia sobre testigos, denunciantes o peritos para que modifiquen su actuación procesal). La diferencia entre una y otra reside evidentemente, según la doctrina citada por la parte recurrente, en la exigencia de que la primera produzca efectivamente la predisposición de ánimo de aquél sobre quien recae hacia un determinado fin, en tanto que la segunda no requiere para ser apreciada como típica la generación de tal efecto. Considera asimismo dicha doctrina que la referencia de la acción típica de influir a una capacidad próxima y a una eficiencia singular permite establecer una temprana línea de distinción entre el ilícito penal del art. 428 del código y faltas disciplinarias como las prevenidas en los arts. 417 4 º y 418 2º de la LOPJ (RCL 1985, 1578 y 2635)>>.

[2] <<consiste en la objetividad e imparcialidad de la función pública (SSTS 480/2004, de 7 de abril (RJ 2004, 2818) y 335/2006, de 24 de marzo (RJ 2006, 2319)), incluyendo tanto las funciones administrativas como las judiciales>>.

[3] <<una presión moral eficiente sobre la acción o decisión de otra persona, derivada de la posición o status del influyente>> y, que queda deducido de la reiterada jurisprudencia al respecto, <<…la sentencia núm. 480/2004, de 7 de abril, nos dice que el acto de influir debe ser equiparado a la utilización de procedimientos capaces de conseguir que otro realice la voluntad de quien influye. Y la sentencia núm. 537/2002, de 5 de abril (RJ 2002, 4267), que la influencia consiste en ejercer predominio o fuerza moral. Por lo general la jurisprudencia de esta Sala ha declarado que entre los requisitos del tráfico de influencias, ha de concurrir un acto concluyente que rellene el tipo penal, esto es, que se ejerza predominio o fuerza moral sobre el sujeto pasivo de manera que su resolución o actuación sea debida a la presión ejercida (SSTS 29 de octubre de 2001 (RJ 2001, 9758) y 5 de abril de 2002 (RJ 2002, 4267), citadas y reiteradas en la de 7 de abril de 2004)>>.

[4] <<La sentencia de esta Sala de 24 de Junio de 1994 (RJ 1994, 5031) (núm. 1312/94) señala que: “El tipo objetivo consiste en “influir”… es decir, la sugestión, inclinación, invitación o instigación que una persona lleva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador de ésta, que ha de ser una autoridad o funcionario, respecto de una decisión a tomar en un asunto relativo a su cargo abusando de una situación de superioridad , lo que un sector de la doctrina científica ha llamado ataque a la libertad del funcionario o autoridad que tiene que adoptar, en el ejercicio del cargo, una decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos , que debieran ser los únicos ingredientes de su análisis, previo a la decisión>>.

[5] <<…la acción tiene que estar dirigida a conseguir una resolución beneficiosa…, la expresión resolución, que tiene un significado técnico específico, deja fuera del ámbito de este tipo delictivo aquellas gestiones que, aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución, sino a actos de trámite, informes, consultas o dictámenes, aceleración de expedientes, información sobre datos, actos preparatorios, etc. que no constituyen resolución en sentido técnico (SSTS de 28 enero 1.998 , 12 febrero 1.999 (RJ 1999, 496), 27 junio 2.003, 14 noviembre 2.003 (RJ 2004, 2123), 9 abril 2007, 1 diciembre 2.008 (RJ 2009, 7135), 1 julio 2.009 (RJ 2009, 4352) y 2 febrero 2.011 (RJ 2011, 2372)), aun cuando se trate de conductas moralmente reprochables y que pueden constituir infracciones disciplinarias u otros tipos delictivos>>.

[6] La Sentencia, delimita el ámbito de protección de la norma:

<<…que la influencia debe ejercerse para alterar el proceso motivador del funcionario influido, lo que excluye las meras solicitudes de información o gestiones amparadas en su adecuación social interesando el buen fin de un procedimiento que no pretendan alterar el proceso decisor objetivo e imparcial de la autoridad o funcionario que deba tomar la decisión procedente>>.

<<…que el tipo exige el abuso de una situación de superioridad, como ha señalado acertadamente la doctrina, por lo que no penaliza genéricamente cualquier gestión realizada por quien ostenta un nivel jerárquico superior, sino únicamente aquellas en que dicha posición de superioridad se utiliza de modo desviado, ejerciendo una presión moral impropia del cargo>>.

<<…que en este delito de tráfico late siempre un interés espurio por ejercer la influencia o presión moral sobre el funcionario o autoridad que debe dictar determinada resolución con la finalidad de introducir en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos>>.

<<La “resolución” todo acto de la Administración Pública de carácter decisorio que afecte al ámbito de los derechos e intereses de los administrados o a la colectividad en general, y que resuelve sobre un asunto con eficacia ejecutiva, quedando por tanto excluidos, de una parte, los actos políticos, y, de otra, los denominados actos de trámite (v.gr. los informes, consultas, dictámenes o diligencias) que instrumentan y ordenan el procedimiento para hacer viable la resolución definitiva, (SSTS de 28 enero 1.998, 12 febrero 1.999, 27 junio 2.003, 14 noviembre 2.003, 9 abril 2007, 1 diciembre 2.008 (RJ 2008, 7135), 1 julio 2.009 (RJ 2009, 4352), 2 febrero 2.011, entre otras). En la reciente sentencia núm. 48/2011, de 2 de febrero (RJ 2011, 2372), con remisión explícita a la de 27 de junio de 2.003 (RJ 2003, 4366), se dice textualmente que: “Según el Diccionario de la Real Academia Española, resolver es “tomar determinación fija y decisiva”. Y en el ámbito de la doctrina administrativa, la resolución entraña una declaración de voluntad, dirigida, en última instancia, a un administrado para definir en términos ejecutivos una situación jurídica que le afecta. Así entendida, la resolución tiene carácter final, en el sentido de que decide sobre el fondo del asunto en cuestión>>.

[7] F.J Decimotercero.

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