Jurisprudencia:Auto de la AN: 25.9.12. Hechos acerca de la convocatoria de “ocupación del Congreso”

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noviembre 17, 2012 por rubenherrerogimenez

Presentamos el Auto[1] de la Audiencia Nacional de 04 de octubre de 2012 donde se declara que los hechos acontecidos el 25 de septiembre del año en curso de la Convocatoria “Ocupa el Congreso”

<<…no puede decirse que…sean constitutivos de delito, ni siquiera de los previstos en el Código Penal contra las Instituciones del Estado[2]>>.

Tal y como relata la Resolución:

<<Dichas diligencias practicadas se iniciaron en virtud de solicitud de fecha 14 de agosto de la UDEF Central al Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid en base a la existencia de una convocatoria con eco en multitud de websites denominada “Ocupa el Congreso” y prevista para el 25 septiembre, fecha en la cual el Congreso estaría reunido.(…)[3]>>.

 Asimismo, la resolución continúa argumentando que,

<<Repartida la causa en los Juzgados de Instrucción de Madrid la misma correspondió al Juzgado de Instrucción 35, el cual acordó la inhibición a los Juzgados Centrales de Instrucción, correspondiendo en reparto a este Juzgado Central Uno, incoándose las presentes diligencias y en averiguación del delitoprevisto en el artículo 494 del Código Penal, dado que lo denunciado por la unidad policial pudiera hacer presumir la existencia de esa infracción penal (promover manifestaciones o reuniones ante la sede del Congreso cuando esté reunido). En concreto se señalaba que el objetivo de la convocatoria era “ocupar una de las Instituciones públicas más importantes del Estado […] que la convocatoria tiene carácter nacional incluso puede afirmarse que, ante el carácter global de Internet, alcanzaría el ámbito internacional […] que el evento convocado a través de la red social con la denominación “OCUPA EL CONGRESO”, hasta el día de la fecha, ha generado un incremento en el número de posibles  participantes (42.162) así como de las personas invitadas en ese perfil de red social que ascienden a 608.983.”. Al efecto, dada la gravedad de lo expuesto por la UDEF, y a solicitud de la misma, con la conformidad del Ministerio Fiscal, se acordó practicar las averiguaciones oportunas en orden a identificar a los posibles promotores o dirigentes de la convocatoria. En concreto: -4 de septiembre: averiguar el perfil y las direcciones IP,s, fechas y horas de celebración del evento “Ocupa el Congreso” en Facebook, datos de direcciones de correo electrónico referidos a “ocupaelcongreso” en Google. -6 de septiembre: titularidad de teléfonos y de las direcciones IP,s obtenidas en compañías telefónicas[4]>>.

 

La Resolución continúa explicando las sucesivas Diligencias de Investigación practicadas. Entramos a exponer los Fundamentos Jurídicos en los que, la Audiencia Nacional, entra a afirmar que los diferentes comportamientos investigados no son constitutivos de delito;

Fundamento Jurídico Séptimo:

 

<<Con los antecedentes anteriormente expuestos, como se señaló en el primero de estos Razonamientos Jurídicos, no cabe apreciar que los imputados, como tampoco otros que fueron identificados en estas diligencias en su fase inicial, hayan cometido el delito contra las instituciones del Estado. Y, desde luego, respecto de los señalados en el día de hoy (5 de los 35 detenidos) en el informe de la Brigada Provincial no cabe hacer consideración alguna: los cinco señalados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Madrid, con lo que la Brigada Provincial no puede ahora y ante este juzgado central decidir imputarles delito alguno o hacer nuevas valoraciones de los hechos; pues aquellos detenidos dependen exclusivamente del Juzgado de Instrucción de Madrid, el cual, en su caso, si observa que de la investigación realizada se desprenden datos que determinen la atribución competencial a favor de la Audiencia Nacional, éste así lo declarará, realizando un acto jurisdiccional propio. De ninguna forma, la unidad policial puede “sustraer” unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial[5]>>.

 

Fundamento Jurídico Octavo:

<<El artículo 493 del Código Penal castiga a los que invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados. Por obvio, este delito no pudo ser cometido por los aquí imputados, máxime si en la convocatoria no se dice nada al efecto ni algo parecido, teniendo en cuenta que invadir consiste en entrar violentamente en un lugar, que en el caso sería la sede del Congreso, lugar que, desde luego, no pueden ser (so pena de hacer una interpretación extensiva del precepto, prohibida en Derecho Penal) las calles aledañas. No hay, en definitiva, indicio alguno que avale aquella intencionalidad de invadir[6].

El artículo 494 del Código Penal castiga a los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento. Pues bien, es notorio, vista además el acta de la sesión del día 25, que el elemento consecuecional de este tipo penal no se cumple, pues no hubo alteración alguna: la “larga” sesión se desarrolló normalmente. Por tanto, el delitocitado no pudo cometerse. Hay que recordar que el bien jurídico protegido es la paz del lugar para la libre formación de la voluntad de los legisladores. Baste leer el acta para concluir que en modo alguno se atentó a tal bien jurídico[7].

Y, desde luego, el hecho de convocar bajo los lemas de rodear, permanecer de forma indefinida …, exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura v del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica o social en modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho fundamental de libertad de expresión, pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política[8]. Es más, la propia Sra. Delegada del Gobierno tomó conocimiento, esto es no prohibió, de lo que pretendía la convocatoria, indicando además la forma de hacerlo[9]>>.

Fundamento Jurídico Noveno:

<<El artículo 495 del Código Penal castiga a los que portando armas u otros instrumentos peligrosos intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos. Se castiga así la extralimitación en el ejercicio del derecho de petición. Al efecto, no consta que los imputados en la presente causa realizaran tal actividad, como tampoco que promovieran, dirigieran o presidieran un grupo (radical en términos del atestado)[10] al efecto y, desde luego, no consta que los detenidos referidos en la copia del atestado formaran un grupo (baste ver que son detenidos en distintos lugares sin, además, constancia de cohesión entre los mismos)[11]. Aún más, en ninguna parte de la convocatoria hecha por las plataformas en cuestión se indica que se penetre en el Congreso con armas o instrumentos con tal fin. Y, en lo que se refiere a las peticiones, no existía ninguna sino tan solo la lectura de una proclama en la empalizada que rodeaba el Congreso, que la Sra. Delegada del Gobierno trasladó a la Plaza de Neptuno[12]. De otro lado tampoco cabe apreciar este último delito cuando se dice en la copia del atestado que hubo intentos de rebasar el perímetro de seguridad establecido en el Congreso así como impedir a Sus Señorías abandonar el hemiciclo, el lanzamiento de objetos a la fuerza policial actuante, así como agresiones directas a los agentes, todo ello perpetrado por numerosos elementos radicales presentes entre los concentrados. Al efecto, no puede hacerse responsables de delito a los convocantes por actos realizados por terceras personas que se extralimitan en el objeto de la convocatoria. Y en cualquier caso: -el perímetro de seguridad, baste observarlo en las fotos, está alejado de la sede, sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso ni su sede. Y, aun más, no cabe deducir que intentar saltarse o pretender rebasar el perímetro implique querer entrar en el edificio (lugar cerrado), pues puede pensarse también que solo se quisiera llegar a las puertas o simplemente “rodearlo” o “cercarlo” como expresaba la convocatoria. No hay en las convocatorias ni hay elemento indiciario alguno en las actuaciones (incluida la copia del atestado) del que se siga que la intención era “penetrar” (“acceder” en términos de la copia del atestado) en el Congreso.

-aparte de no constar que a algún diputado se le hubiera impedido salir del hemiciclo, ello no integra un delito contra las Instituciones (ninguno de los artículos así lo establece), como tampoco el lanzamiento de objetos o agresiones a la policía[13].

Es cierto, de otro lado, que se ocupan “instrumentos peligrosos” (adoquines, una maceta de albañil, pilas, un cincel…), mas no por ello hay que deducir que esos instrumentos peligrosos fueran para entrar en el Congreso. A la vista de la copia del atestado lo que más pudiera significar es que esos instrumentos fueran destinados para ser utilizados contra la policía actuante, máxime si la propia unidad policial así lo dice (lanzamiento de objetos a la fuerza policial actuante). No cabe, en consecuencia, tampoco apreciar este delito del artículo 495 del Código Penal[14]>>.

Fundamento Jurídico Décimo

<<Se concluye, pues, que las convocatorias origen de estas diligencias no suponen comisión de delito alguno[15], y con ello que ninguno de los imputados en la presente causa[16], como otros identificados inicialmente como posibles partícipes de la convocatoria, han cometido delito alguno[17]>>.

Resolución proporcionada por el Fondo Documental CENDOJ. Consejo General del Poder Judicial


[1] Auto 185/2012 del Juzgado Central de Instrucción Nº Uno de la Audiencia Nacional. Sección 1ª. Nº de Recurso: 105/2012. Ponente: SANTIAGO JUAN PEDRAZ GOMEZ. Id Cendoj: 28079270012012200001.

[2] Razonamiento Jurídico Primero del Auto 185/2012 del Juzgado Central de Instrucción Nº Uno de la Audiencia Nacional. Sección 1ª. Nº de Recurso: 105/2012. Ponente: SANTIAGO JUAN PEDRAZ GOMEZ. Id Cendoj: 28079270012012200001.

[3] Idem.

[4] Ibidem.

[5] Fundamento Jurídico Séptimo. Auto 185/2012 del Juzgado Central de Instrucción Nº Uno de la Audiencia Nacional. Sección 1ª. Nº de Recurso: 105/2012. Ponente: SANTIAGO JUAN PEDRAZ GOMEZ. Id Cendoj: 28079270012012200001.

[6] Subrayado propio.

[7] Subrayado propio.

[8] Subrayado propio.

[9] Fundamento Jurídico Octavo. Auto 185/2012 del Juzgado Central de Instrucción Nº Uno de la Audiencia Nacional. Sección 1ª. Nº de Recurso: 105/2012. Ponente: SANTIAGO JUAN PEDRAZ GOMEZ. Id Cendoj: 28079270012012200001.

[10] Subrayado propio.

[11] Subrayado propio.

[12] Subrayado propio.

[13] Subrayado propio.

[14] Fundamento Jurídico Noveno. Auto 185/2012 del Juzgado Central de Instrucción Nº Uno de la Audiencia Nacional. Sección 1ª. Nº de Recurso: 105/2012. Ponente: SANTIAGO JUAN PEDRAZ GOMEZ. Id Cendoj: 28079270012012200001.

[15] Subrayado propio.

[16] Subrayado propio.

[17] Fundamento Jurídico Décimo. Subrayado propio.

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