Jurisprudencia:Derecho Penal y nuevas tecnologías.Phishing e interpretación jurisprudencial. ¿Concurso aparente de normas penales?..

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enero 2, 2013 por rubenherrerogimenez

A continuación presentamos una sentencia[1] actual e interesante por diferentes motivos.

Se explica la definición de: phishing; se muestra la diferencia y entre el delito de receptación del art. 298 del CP, el delito de estafa informática recogido en el art. 248 del CP y la acción imprudente de blanqueo de capitales con encaje en el art. 301.1 y 3 del CP, (como posible concurso de leyes), analizándose, (entre otros puntos como veremos, y como uno de los medios para resolver dicho concurso aparente) en qué medida, el dolo de ese tercero que hace posible el rendimiento del capital evadido, capta los elementos del tipo objetivo del delito de estafa; se estudian a su vez, el título de imputación y la calificación de la conducta de quien se limita a colocar en el extranjero fondos provenientes de la técnica de phishing; y por último (y no siendo por ello menos importante), se trata, de manera pormenorizada la <<verificación mediante el juicio de inferencia>>. Todos los puntos antedichos, (como veremos), son tratados en base a un gran elenco jurisprudencial.

 

Los hechos probados de la presente resolución son los siguientes:

 

“PRIMERO.- Se declara acreditado que la entidad denominada “AAA”, mediante el envío de correos electrónicos y bajo la apariencia de actuar como una entidad bancaria y utilizando un falso duplicado de su página web, obtuvo de forma encubierta e ilegítima y sin consentimiento alguno de su titular Aquilino, la clave de su cuenta bancaria nº NUM000 abierta en la entidad Banesto de la ciudad de Palencia, retirando después de la cuenta online las cantidades de dinero que luego diremos.

 

SEGUNDO.- También consta demostrado que la acusada Leticia, mayor de edad y sin antecedentes penales, en el mes de mayo de 2007, recibió en su cuenta de correo electrónico (DIRECCION000) una propuesta laboral de una empresa denominada “AAAs Ltd”, con domicilio social en Alemania y con dirección de correo electrónico AAA@AAAl.com. En dicha propuesta laboral se indicaba que necesitaba representantes en España para recibir pagos de clientes y proveedores, siendo requisito fundamental para trabajar el uso de Windows (ser operador de PC), el manejo de herramientas de Internet, Computadora personal, Mail privado (correo electrónico) MSN (Messenger, Icg, etc. La acusada recibió también en su cuenta de correo electrónico una especie de contrato laboral, donde se indicaba que los deberes y responsabilidades que el empleado asumía con la empresa AAAs Ltd eran, entre otros, “la suma y transmisión de órdenes de clientes asignados del área a las jefaturas de la compañía y la suma de pagos en órdenes satisfechas de clientes asignados del área a la cuenta bancaria del empleado y de su transferencia a las jefaturas de la compañía o a otra cuenta bancaria señalada”. Las transacciones del dinero se deben conducir a través de Western Unión. Como salario a recibir por el empleado, en dicho contrato se dice que “recibirá 250 euros libres de gastos e impuestos por cada operación satisfactoria, pagados el mismo día de trabajo en forma y tiempo”.

En cumplimiento de lo indicado en la propuesta y contrato de trabajo la acusada, sin ningún tipo de preocupación sobre el significado económico y jurídico del trabajo a desempeñar, y viendo la situación como una forma rápida y sencilla de obtener dinero sin realizar a cambio contraprestación significativa alguna, procedió a aperturar la cuenta corriente nº NUM001 en la entidad Banesto. Después, el día 17 de mayo de 2007, la Sra. Leticia recibió una llamada telefónica desde Chile siendo comunicante una persona que dijo hablar en nombre de la entidad “AAAs” y que manifestó que se iba a realizar una primera transferencia. Ese mismo día, la acusada recibió en su cuenta corriente una transferencia por importe de 3.074 euros, procedentes de la cuenta bancaria nº NUM000 que Aquilino tenía abierta en la entidad Banesto en esta ciudad de Palencia. Luego la Sra. Leticia procedió a retirar esa misma cantidad en la ventanilla del banco citado y a remitir a Moldavia la cantidad de 2.630 euros a favor de Gracia, a través de Western Union, quedándose ella con una comisión de 350 euros.

Asimismo, el día 18 de mayo de 2007 la acusada recibió en la misma cuenta corriente otras dos transferencias más, una por importe de 3.126,43 euros y otra por 2.849,12 euros, procedentes también de la cuenta bancaria que Aquilino tenía abierta en la entidad Banesto, y que antes hemos ya indicado, volviendo a retirar el dinero en la ventanilla bancaria y a enviar por Western Union a Moldavia la cantidad de 2.509,50 euros a favor de Amalia en Moldavia y 2.778 euros a favor de Eulalia, quedándose la Sra. Leticia con la cuantía de 688,05 euros en concepto de la correspondiente comisión.

TERCERO.- Se declara de igual forma probado que la entidad Banesto ha reintegrado a Aquilino las cantidades de dinero ilegalmente extraídas de su cuenta bancaria”.

 

Con base a los anteriores hechos probados, la Audiencia condena a la acusada Leticia <<como autora responsable de un delitode blanqueo de capitales a la pena de QUINCE MESES DE PRISIÓN y MULTA DE DIEZ MIL EUROS (10.000 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de UN MES, y a la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena de prisión; debiendo indemnizar, asimismo, a la entidad bancaria Banesto, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de 1.038,05 euros, más los intereses legales del art. 576 de la LEC…>>

 

 

Entrando en los argumentos recogidos en la Resolución, podemos destacar los siguientes:

<<1.- (…) Estamos, por tanto, en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde diversos sitios en la web, que tiene como destinatarios a usuarios de la banca informática -banca on line- a quienes se les redirecciona a una página web que es una réplica casi perfecta del original y en la que se les requiere, normalmente con el aviso amenazante de perder el depósito y la disponibilidad de las tarjetas de crédito, a que entreguen sus claves personales de acceso con el fin de verificar su operatividad. De forma gráfica se dice que el autor “pesca los datos protegidos” -de ahí la denominación phishing-, que permiten el libre acceso a las cuentas del particulares y, a partir de ahí, el desapoderamiento[2]>>.

<<2.- Pues bien, el tratamiento jurisprudencial de esos hechos -tiene razón el recurrente- ha tenido un encaje preferente en la estafa informática del art. 248 del CP.

La STS 556/2009, 16 de marzo, rechazó el recurso de la acusada, que entendía que no podía “… ser considerada autora o inductora, ya que quien ideó, puso en marcha y ejecutó el plan criminal fue un tercero, y tampoco cooperadora necesaria, pues no participó en el mecanismo por el que se consiguieron las claves de acceso bancarias de Fátima o en la orden de transferencia desde la cuenta de aquélla”. Sostenía entonces la defensa que los hechos, tal y como estaban descritos en la sentencia, constituían un supuesto de receptación por el que la recurrente no había sido acusada. La Sala, sin embargo, descartó el encaje de los hechos en ese delito, los calificó como constitutivos de una estafa informática del art. 248.2 del CP, razonando en los siguientes términos: “… aun prescindiendo de una intervención calificable de coautoría, porque se entendiera que no tenía el dominio del plan total, consta un participación de Ángeles que habría de ser comprendida en el art. 28 b), al tratarse de una cooperación necesaria; la recepción del dinero procedente de una cuenta extraña y su transmisión a una persona, también extraña, de Rusia, implicaba una colaboración que merece la consideración de necesaria, por tratarse de un bien de escasa obtenibilidad y determinante del sí de la operación desde una perspectiva ex ante”>>[3].

 

<<En línea similar, la STS 533/2007, 12 de junio, precisaba que “consta que recibieron cada uno en sus cuentas -dos Roberto, y una José Daniel- diversas transferencia por importantes cantidades concretada en el factum, se cifran, respectivamente, en 159.559,20 euros, 73.197,77 euros y 22.374,63 euros, habiendo dispuesto de gran parte de ese dinero, estando acreditada en la prueba practicada, la realidad de la transferencia, el envío a ellos como titulares de las cuentas <favorecidas> de los correspondientes extractos bancarios de los movimientos y demás variaciones de tales cuentas. Como se dice en la sentencia <tuvieron un conocimiento puntual del dinero que pasaba por sus cuentas y del que disponían íntegramente, bien fuese para ellos mismos, bien para entregar a un tercero>. En este escenario probatorio vía prueba de indicios se puede -como le resultó al Tribunal sentenciador- concluir que ellos estaban al corriente, al menos de forma limitada de la operación, que en lo que a ellos se refería se concretaba en: a) apertura de cuenta, b) recepción de transferencias por personas desconocidas, c) origen de tales fondos de auténticas cuentas de otros titulares a los que personas desconocidas, en Estados Unidos habían accedido mediante el acceso fraudulento de las claves necesarias, hecho que ha quedado acreditado en la denuncia inicial y declaración de los representantes del banco y d) otro dato a tener en cuenta es la <explicación> dada por los otros condenados por una operativa idéntica, explicación que consistía en cobrar una cantidad por este <servicio> entregando el resto a otras personas desconocidas. […] En esta situación construir un juicio de inferencia que partiendo de estos hechos acreditados permite arribar a la conclusión de que los recurrentes participaron y estaban al corriente, en lo necesario, de todo el operativo, es conclusión que en este control casacional se ofrece como plausible, que fluye por sí sola de los indicios expuestos y que no es contraria a las máximas de experiencia no siendo arbitraria”>>[4].

 

<<La calificación de unos hechos muy similares como integrantes de un delito de estafa informática del art. 248.2 del CP, vuelve a estar presente en el ATS 1548/2011, 27 de octubre. En su FJ 3º, apartado C) puede leerse lo siguiente: “… el hecho probado narra cómo personas no identificadas tras descubrir sin que conste el medio empleado las claves de acceso vía internet a la cuenta corriente nº 0030….., aperturada en Banesto y titularidad de Eladio, efectuaron dos operaciones de traspaso patrimonial consistentes en la transferencia no consentida de 3.371,18 y 3.471,17 euros respectivamente a otra cuenta corriente de la misma entidad con nº 0030……, aperturada al efecto por el acusado que la había abierto a su nombre por indicación de aquéllos escasos días antes, al haberse puesto de acuerdo con ellos a través de internet ofreciéndole en trabajo a pruebas consistentes con la remisión de las cantidades recibidas a su cuenta -sic- con el cobro de una comisión, y extraído el dinero por el acusado, una vez descontada la cifra correspondiente a su comisión por importe de 450 euros y siguiendo las instrucciones dadas por los otros implicad

os no identificados, envió el resto por giro a Moldavia a favor de Jacinto . y Roque . a través de Western Union. […]. Y el Tribunal de instancia razona cómo concurren los elementos del art. 248.2 CP, la manipulación de datos de la cuenta corriente expoliada y la introducción en la misma, la transferencia efectuada a otra cuenta distinta a fin de disponer de la cantidad mediante la actuación del recurrente previo descuento por él de una comisión – elevada en relación con la suma expoliada- en su propio beneficio y en perjuicio todo ello del titular de la cuenta manipulada. Del mismo modo se evidencia la connivencia del recurrente con los autores directos de la manipulación y la relevante intervención de aquél para la realización del apoderamiento de los fondos.

También se extiende la sentencia en mostrar cómo la condición del acusado de ser o haber sido director de dos empresas comerciales y tener por tanto conocimientos mercantiles informáticos refuerza la conclusión de que no podía desconocer los extremos que ponen de manifiesto la ilicitud de toda la actuación. Nada se hace preciso añadir a la exposición del Tribunal sentenciador para desechar la denuncia del recurrente sobre el desconocimiento del delito cometido, cualquier persona con un nivel intelectivo medio es sabedora, sin necesidad de especiales conocimientos técnicos y/o especial formación académica, de que para realizar una transferencia no es preciso valerse de la cuenta corriente de un tercero, lo que junto el cobro de la suma percibida como remuneración muestra indudablemente que la conducta voluntariamente llevada a cabo en modo alguno puede valorarse por quien la lleva a cabo en la forma en que el recurrente lo hizo como lícita, sino al contrario“>>[5].

Con carácter general, hechos de la naturaleza de los que hoy ocupan nuestra atención, en lo que tienen de operación concertada, con una estratégica distribución de roles para lograr un acto de despojo patrimonial mediante un engaño, valiéndose de terceros para poder extraer esos fondos sin suscitar sospechas en la entidad bancaria y, una vez obtenidos aquéllos, colocarlos en un país que asegure la impunidad del desapoderamiento, presentan las características que son propias del delito de estafa informática al que se refiere el art. 248.2 del CP . Así lo ha estimado la jurisprudencia de esta Sala, en sintonía con el entendimiento doctrinal mayoritario>>[6].

<<3. No faltan, sin embargo, autores que consideran que la intervención de lo que en el argot policial se denomina muleros – colaboradores como la acusada, captados mediante ofertas de teletrabajo y a los que se ofrece ganar un importante porcentaje sobre las cantidades evadidas- tiene mejor encaje en el art. 298 del CP, como una modalidad de receptación. Entienden que la colocación del dinero en países con los que no existen mecanismos jurídicos de cooperación judicial, forma parte ya de la fase de agotamiento del delito, de forma que la captación de éstos puede llegar a producirse cuando ya la estafa se habría cometido. De ahí que estaríamos en presencia de una participación postdelictiva o postconsumativa, con un evidente contenido lucrativo, notas definitorias del delito de receptación. El debate doctrinal demuestra el carácter controvertido de la cuestión suscitada en el recurso. Y todo indica que, lejos de fórmulas generales, serán las circunstancias del caso las que, a la vista de la prueba de los elementos fácticos que dan vida a los tipos objetivo y subjetivo, permitan formular sin error el juicio de subsunción>>[7].

<<4. Tampoco es obstáculo a esta afirmación la necesidad de destacar la posible existencia de supuestos en los que, en atención a sus circunstancias específicas, resulte obligado romper el título de imputación y calificar la conducta de quien se limita a colocar en el extranjero aquellos fondos, permaneciendo ajeno a la confabulación que hace posible la entrega de las claves para el acceso a las cuentas del sujeto engañado, como constitutiva de un delitode blanqueo de capitales, tesis asumida en el presente caso por el Tribunal de instancia. En definitiva, la calificación jurídica de los hechos como integrantes de un delito de estafa informática, receptación o blanqueo de capitales, obligará a analizar en qué medida el dolo de ese tercero que hace posible el rendimiento del capital evadido, capta los elementos del tipo objetivo del delito de estafa. Abrir una cuenta corriente con el exclusivo objeto de ingresar el dinero del que se desapodera a la víctima, encierra un hecho decisivo para la consumación del delito de estafa, pues en la mayoría de los casos, al autor principal no le será suficiente con disponer de la información precisa sobre las claves personales para ejecutar el acto de desapoderamiento. Necesitará una cuenta corriente que no levante sospechas y que, mediante la extracción de las cantidades transferidas pueda llegar a obtener el beneficio económico perseguido. Precisamente por ello, la contribución de quien se presta interesadamente a convertirse en depositario momentáneo de los fondos sustraídos, integrará de ordinario el delito de estafa. Pero para ello resultará indispensable -claro es que quede suficientemente acreditada su participación dolosa en el delito cuya secuencia inicial ejecuta un tercero, pero a la que coopera de forma decisiva. Todo aconseja, por tanto, atender a las circunstancias del caso concreto, huyendo de fórmulas estereotipadas cuya rigidez puede dificultar la adecuada calificación de los hechos>> [8].

<<Cuestión distinta es que, situándonos ya en el ámbito casacional, podamos revisar ahora la calificación jurídica de los hechos, sustituyendo lo que el Tribunal a quo considera como una acción imprudente de blanqueo de capitales con encaje en el art. 301.1 y 3 del CP (“… sin ningún tipo de preocupación sobre el significado económico y jurídico del trabajo a desempeñar, y viendo la situación como una forma rápida y sencilla de obtener dinero sin realizar a cambio contraprestación significativa alguna…”), por un delito doloso de estafa. Se oponen a ello dos razones íntimamente relacionadas entre sí. A) La primera de ellas, la idea de que la afirmación de la intención y la voluntad que presiden la acción delictiva es un hecho como cualquier otro, aunque su proclamación a efectos probatorios se verifique mediante un juicio de inferencia. La voluntad con la que un hecho se ejecuta forma parte también del hecho mismo. Lo que, por lo demás, es congruente con una concepción del delito en el que la acción encierra en sí la carga de la propia voluntad, superando concepciones más tradicionales en las que la ruptura entre el plano objetivo y subjetivo del delito era elemento definitorio de su estructura analítica. La conducta humana no es neutra y la intención del agente no puede desgajarse de la acción para ser luego artificialmente analizada en el momento del examen de la culpabilidad. Evidentemente, las cuestiones relativas al conocimiento o a la voluntad, en la medida en que se refieren a realidades que no son sensitivamente perceptibles, sólo pueden ser proclamadas mediante un juicio de inferencia formulado a partir de datos objetivos puestos de manifiesto por la actividad probatoria de las partes. Se trata, en fin, de proclamar el querer como verdadero hecho. De acuerdo con esta idea, afirmar el animus del agente no encierra una proposición valorativa, sino simplemente asertiva, mediante la que se afirma un hecho.

Como consecuencia de ello, la vía procesal que ofrece el art. 849.1 de la LECrim -pese a ser considerada idónea por la jurisprudencia de esta Sala y del propio Tribunal Constitucional- no está exenta de dificultades, en la medida en que el art. 884.3 de la LECrim obliga a la aceptación del hecho -en su dimensión objetiva y subjetiva- como presupuesto sine qua non para la viabilidad del recurso. Pero más allá de la evolución jurisprudencial sobre este aspecto, lo cierto es que existe un obstáculo añadido para convertir, en fase casacional, lo imprudente en doloso. Estamos aludiendo, claro es, a las exigencias impuestas por los principios de contradicción y defensa y su significado en la más reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. Y es aquí donde reside el segundo de los obstáculos al que antes nos hemos referido. B) En efecto, el estado actual de la jurisprudencia del TEDH y del TC, descartan la posibilidad al alcance del Tribunal Supremo de convertir lo imprudente en doloso y hacerlo, además, por la vía del art. 849.1 de la LECrim y sin oír al encausado.

(…)

Así, ante un Tribunal de apelación que goza de plenitud de jurisdicción, el artículo 6 no garantiza necesariamente el derecho a una vista pública ni, si dicha vista ha tenido lugar, el de comparecer personalmente en los debates (véase, mutatis mutandis, Golubev contra Rusia, dec., núm. 26260/2002, 9 noviembre 2006, y Fejde contra Suecia, Sentencia de 29 octubre 1991, ap. 33, serie A núm. 212-C). Sin embargo, el Tribunal ha declarado que, cuando el Tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de Derecho, y especialmente cuando ha de pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la valoración directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa (sentencias Dondarini contra San Marino, núm. 50545/1999, ap. 27, 6 julio 2004, Ekbatani contra Suecia, ap. 32, Sentencia de 26 mayo 1988, serie A núm. 134, Constantinescu contra Rumanía, ap. 55, Sentencia de 27 junio 2000 e Igual Coll, Marcos Barrios y García Hernández mencionadas en el apartado 36). En tales casos, el nuevo análisis de la culpabilidad del acusado debería conducir a una nueva audición de las partes interesadas (Sentencia Ekbatani contra Suecia, previamente mencionada, ap. 32)“. Pues bien, volcando este cuerpo de doctrina sobre el supuesto de hecho que sirvió de referencia al TEDH para matizar su doctrina, concluye su fundamentación jurídica precisando que “…el Tribunal destaca que, en Derecho español, según el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la base del cual se pronunció el Tribunal Supremo, el recurso de casación no prevé la posibilidad de revisar las pruebas practicadas en primera instancia. El objeto del recurso encuentra su límite en la existencia o no de una violación de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter. Como recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia, solo se podrá efectuar una nueva valoración de las pruebas si ha existido una falta de racionalidad en el proceso valorativo, pero sin volver sobre los hechos declarados probados (apartado 12 supra).

(…)

Este tipo de pronunciamientos que nuestra jurisprudencia denomina «juicios de inferencia», término consolidado en el ámbito jurisdiccional aunque puede resultar algo confuso y ha sido objeto de crítica en el ámbito doctrinal, se consideran jurisprudencialmente revisables en casación por la vía del núm. 1º del art. 849 de la Lecrim , en lo que contienen de valoración jurídica, siempre que se aporten elementos que pongan de relieve la falta de lógica y racionalidad del juicio, en relación con los datos objetivos obrantes en el propio relato fáctico, sin perjuicio de que puedan ser impugnados también por la vía de la presunción de inocencia en lo que se refiere a sus presupuestos fácticos. Ahora bien, esta doctrina no faculta para sustituir el criterio probatorio del Tribunal de Instancia sobre un elemento fáctico subjetivo, por el criterio valorativo del Tribunal de casación. Se trata únicamente de revisar aquellos juicios de inferencia que, en su vertiente jurídica, sean manifiestamente carentes de lógica y racionalidad y siempre que dicha revisión pueda perjudicar al reo, este análisis debe realizarse partiendo exclusivamente de los datos objetivos obrantes en el propio relato fáctico, manteniendo inmutables estos hechos, y sin apoyar la revisión en ninguna otra prueba, pues la valoración conjunta de la prueba compete al Tribunal de instancia. Solo en tal supuesto puede afirmarse que la revisión es estrictamente jurídica y tiene cabida en el 849 1º, sin vulnerar el derecho de defensa del condenado. Ha de tenerse en cuenta que el Tribunal casacional extravasa su función de control cuando realiza en perjuicio del reo una nueva valoración de una actividad probatoria que no ha percibido directamente, quebrantando con ello las normas básicas del procedimiento (art. 741 LECrim), de las que se deduce que es el Tribunal que ha presenciado el Juicio Oral el que debe valorar la prueba, racionalmente y en conciencia. Concretamente no puede el Tribunal de casación revisar en perjuicio del reo la valoración de pruebas personales directas practicadas ante el Tribunal de instancia (testificales, periciales o declaraciones de los imputados o coimputados) a partir de su documentación en el acta, vulnerando el principio de inmediación, o ponderar el valor respectivo de cada medio válido de prueba para sustituir la convicción racionalmente obtenida por el Tribunal “a quo” por la suya propia, ni aun cuando dicha revisión se pretenda enmarcar en la modificación del “juicio de inferencia”. E) En definitiva, el estado actual de la cuestión, tanto en la jurisprudencia constitucional como del TEDH, impone severas restricciones a la aspiración del recurrente de reemplazar la calificación jurídica de los hechos como constitutiva de un delito imprudente de blanqueo de capitales (art. 301.1 y 3 CP) por un delito doloso de estafa informática (art. 248.2). Y es que estamos ante algo más que un debate jurídico. La evolución de esa jurisprudencia, cuya falta de uniformidad añade más dificultades a nuestro análisis, ha cercenado de forma más que sensible la capacidad del órgano de casación para dejar sin efecto una sentencia absolutoria o, como en el presente caso, agravar la calificación jurídica proclamada en la instancia rectificando, sin audiencia del encausado, aspectos íntimamente ligados al tipo subjetivo y que, como tales, han de ser fijados a partir de un juicio de inferencia obtenido de la percepción directa de pruebas personales y del examen de los documentos obrantes en la causa. El significado funcional del principio de inmediación -en una primera etapa de la evolución de la jurisprudencia a la que nos estamos refiriendo- y la necesidad de preservar el derecho de defensa -en los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional-, han desdibujado la impugnación casacional de las sentencias absolutorias y de aquellas impugnadas por las acusaciones, cuando buscan agravar la condena mediante una nueva valoración de aspectos fácticos, como son aquellos que afectan a la intencionalidad con la que se ejecuta el hecho delictivo>>[9].

 

Texto proporcionado por el Consejo General del Poder Judicial. Fondo documental CENDOJ (Centro de Documentación Jurídica).


[1] Roj: STS 8284/2012 de 25 de Octubre de 2.012. Sala de lo Penal. Sección Primera. Id Cendoj: 28079120012012100958. Nº de Recurso: 2422/2011. Nº de Resolución: 834/2012. Ponente: Manuel Marchena Gómez.

[2] Fundamento Jurídico Segundo, punto primero. Roj: STS 8284/2012 de 25 de Octubre de 2.012. Sala de lo Penal. Sección Primera. Id Cendoj: 28079120012012100958. Nº de Recurso: 2422/2011. Nº de Resolución: 834/2012. Ponente: Manuel Marchena Gómez.

[3] Fundamento Jurídico Segundo, punto segundo. Roj: STS 8284/2012 de 25 de Octubre de 2.012. Sala de lo Penal. Sección Primera. Id Cendoj: 28079120012012100958. Nº de Recurso: 2422/2011. Nº de Resolución: 834/2012. Ponente: Manuel Marchena Gómez.

[4] Fundamento Jurídico Segundo. Punto segundo. Idem.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Fundamento Jurídico Segundo. Punto Tercero. Roj: STS 8284/2012 de 25 de Octubre de 2.012. Sala de lo Penal. Sección Primera. Id Cendoj: 28079120012012100958. Nº de Recurso: 2422/2011. Nº de Resolución: 834/2012. Ponente: Manuel Marchena Gómez.

[8] Fundamento Jurídico Segundo.  Punto Cuarto. Roj: STS 8284/2012 de 25 de Octubre de 2.012. Sala de lo Penal. Sección Primera. Id Cendoj: 28079120012012100958. Nº de Recurso: 2422/2011. Nº de Resolución: 834/2012. Ponente: Manuel Marchena Gómez.

[9] Fundamento Jurídico Segundo. Punto Quinto. Roj: STS 8284/2012 de 25 de Octubre de 2.012. Sala de lo Penal. Sección Primera. Id Cendoj: 28079120012012100958. Nº de Recurso: 2422/2011. Nº de Resolución: 834/2012. Ponente: Manuel Marchena Gómez.

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