Jurisprudencia:Delito de alzamiento de bienes.Responsabilidad penal de los representantes de una persona jurídica.

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enero 13, 2013 por rubenherrerogimenez

Recurso: Casación nº 841/2011
Ponente: Sr. Saavedra Ruiz
Sentencia: nº 269/2012 de fecha 29/02/2012

<<B. No puede llegarse, en cambio, a la misma conclusión absolutoria respecto del delito de alzamiento de bienes que la sentencia de instancia atribuye conjuntamente a los tres hermanos Muñoz C. Este ilícito consiste en sustraer bienes integrados en el activo de un deudor a la función de garantía que resulta del art. 1911 del Código Civil, pudiendo adoptar la dinámica comisiva muy distintas formas, tales como actos de enajenación, de constitución de gravamen, de destrucción material, de ficción o simulación de actos de disposición o de gravamen, etc. Se trata de un delito especial propio del que el autor es el deudor o la persona que administra una persona jurídica, y admite diversas formas de participación, siendo especialmente frecuente la participación necesaria como contraparte en los actos de disposición o aumento del pasivo, bien la colaboración a la realización de los actos que conforman el alzamiento (STS núm. 1106/2006, de 10 de noviembre). Cuando, como aquí ocurre y con acierto cita la Audiencia de origen, el deudor es una persona jurídica, la responsabilidad criminal recaerá sobre las personas físicas que desempeñen funciones de dirección o administración, aun cuando no concurran en ellas las condiciones, cualidades o relaciones que constituyen la esencia de la relación jurídica protegida por el tipo penal (STS núm. 1101/2007, de 27 de diciembre, y las que en ella se mencionan). En este sentido, el antiguo art. 15 bis y el actual art. 31, ambos del Código Penal, han querido extender la responsabilidad penal al que actúe como administrador, de hecho o de derecho, de la persona jurídica y lleve a cabo las acciones típicas que configuran el injusto>>. (F. J. 3º)

Texto íntegro proporcionado y elaborado por el Gabinete Técnico de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Año 2.011 y 2.012.

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