Jurisprudencia:error de prohibición y error de tipo. Doctrina.

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febrero 13, 2013 por rubenherrerogimenez

Fundamento Jurídico Quinto:

(…) <<….El error de prohibición consiste en la falsa creencia de que se actúa legítimamente, no en la confusión sobre un elemento del tipo objetivo como sería, en el concreto supuesto a que ahora nos referimos, la índole de la sustancia estupefaciente que el acusado transportaba, a lo que debe añadirse que un posible –y en el presente caso poco probable– error sobre la naturaleza de la droga transportada, en modo alguno tiene el efecto excluyente del dolo que el art. 14.1 CP –precepto no invocado por la parte recurrente– anuda al error de tipo. Se rechaza, en definitiva, el segundo motivo de casación y se desestima el recurso en su conjunto>>. (…)

Sentencia Tribunal Supremo. Sala Segunda) núm. 1228/2002 de 2 julio. Recurso de Casación núm. 611/2001-P. Ponente: Excmo Sr. José Jiménez Villarejo.

—-

Fundamento Jurídico Octavo:

(…)

<<Es evidente que este último no procede, en tanto que nada consta en los hechos probados acerca del desconocimiento de la recurrente sobre el comportamiento llevado a cabo por la misma, por lo demás notorio para cualquier comerciante, acerca de que no se pueden hacer propias mediante desvío de fondos a cuentas particulares de aquello que es acervo común social, ingresándolo en su propio patrimonio. La necesidad de prueba de tal elemento de desconocimiento (STS 2010/2002, de 3 de diciembre [ RJ 2003, 177]) es suficiente para su desestimación. Máxime cuando para excluir el error resulta suficiente con que pueda racionalmente inferirse que el agente tenía conciencia de una alta probabilidad de que concurriese tal elemento típico (STS 1104/95, de 30 de enero de 1996 [ RJ 1996, 190] , entre otras).

Muy interesante, sin embargo, la propuesta que el autor del recurso, con innegable brillantez, postula acerca del ERROR DE TIPO, bajo el argumento de que quien actúa bajo los dictados de su abogado, está en la creencia errónea de la ajeneidad del dinero dispuesto, que el recurrente califica de error vencible, porque bien pudo haber llevado a cabo otra consulta legal para despejar tal error.

Como señala la sentencia de esta Sala de 14 de noviembre de 1997 (RJ 1997, 7860), núm. 1141/1997, constituye uno de los avances fundamentales del Derecho Penal contemporáneo el reconocimiento, en el Derecho positivo de los diferentes países, de la conciencia de la antijuridicidad como elemento de la culpabilidad, necesario pues para que una determinada conducta pueda considerarse merecedora de reproche penal. Si falta tal conciencia de antijuridicidad, bien directamente por la creencia de que el hecho está legalmente permitido (error directo de prohibición), bien indirectamente por estimarse que concurría una causa de justificación (error indirecto de prohibición), la doctrina penal entiende que no debe ser considerado el sujeto culpable del hecho, si el error es invencible, o que puede ser merecedor de una atenuación de la pena si se considera vencible. Tal doctrina de la conciencia de la antijuridicidad y del error de prohibición aparece recogida por primera vez en nuestro Código Penal como consecuencia de la importante modificación legislativa de 1983 (RCL 1983, 1325, 1588), que introdujo el artículo 6 bis a) regulador, aunque sin usar esta terminología, de las dos clases de error que conocemos como ERROR DE TIPO (error sobre un elemento esencial integrante de la infracción penal o que agrava la pena) y el error de prohibición (creencia errónea de estar obrando lícitamente). En términos semejantes se pronuncia ahora el Código Penal de 1995 en su artículo 14. El error de prohibición constituye el reverso de la conciencia de la antijuridicidad como elemento constitutivo de la culpabilidad y exige que el autor de la infracción penal ignore que su conducta es contraria a Derecho o, expresado de otro modo, que actúe en la creencia de estar obrando lícitamente, como decía el texto del anterior artículo 6 bis a) en su párrafo 3º, o como del modo aún más expresivo podemos leer ahora en el mismo párrafo del vigente artículo 14 «error sobre la licitud del hecho constitutivo de la infracción penal». Sólo hay un error de esta clase cuando se cree obrar conforme a Derecho, sin que tenga nada que ver con esto el caso en que el autor del delito piense que la infracción cometida es más leve de como en realidad la sanciona la Ley Penal. Nada tiene que ver con el error de prohibición el conocimiento o la ignorancia de la norma concreta infringida, pues si así fuera sólo podrían delinquir los expertos en Derecho Penal. Únicamente se excluye (o atenúa) la responsabilidad criminal por error de prohibición cuando se cree obrar conforme a Derecho, no cuando hay una equivocación sobre cuál sea la sanción jurídica que se puede derivar de la propia conducta Conviene añadir, además, que el error de prohibición no puede confundirse con el caso en que exista en el sujeto una situación de duda, como ha señalado la referida sentencia de 14 de noviembre de 1997, núm. 1141/1997. La duda es incompatible con el concepto de creencia errónea. La creencia para que sea propiamente tal ha de ser firme, es decir, sin duda al respecto (véase el Diccionario de la Real Academia de la Lengua). Hay que considerar que existe suficiente conciencia de la antijuridicidad cuando el autor duda y pese a tal duda se decide a actuar mediante la conducta delictiva. Este conocimiento eventual del injusto es un concepto paralelo al del dolo eventual: en estos casos hay culpabilidad del mismo modo que en los casos de dolo eventual hay dolo.

Por lo demás, el ERROR DE TIPO vencible acarrea la impunidad de la conducta, en tanto que el delito de apropiación indebida no puede cometerse por imprudencia.

Dicho ERROR DE TIPO ha sido menos abordado por la jurisprudencia de esta Sala. Recae, como sabemos, sobre un elemento sustancial de la infracción criminal, de modo que el agente cree estar obrando lícitamente, a pesar de conocer que la norma prohíbe ese comportamiento delictivo con carácter general (error de prohibición). Requiere, por consiguiente, una prueba plena sobre tal errónea creencia, que ha de ser un comportamiento excepcional, y que ha de ser valorado de acuerdo con las características propias del caso concreto sometido a la valoración del Tribunal. Nada impedirá, como así ocurre aquí, que no habiéndose planteado en la instancia, este Tribunal Casacional pueda pronunciarse al respecto, por la vía de un motivo por estricta infracción de Ley, si existieran los elementos fácticos debidos para su aplicación.

El recurrente entiende que la acusada ignoraba al realizar los hechos típicos la ajeneidad de la cosa apropiada (hacerse con fondos propios de la sociedad, de la que era copartícipe), bajo el argumento de que así fue aconsejada por su abogado. Así lo exponen los hechos probados. Ahora bien, esta circunstancia no excluye el conocimiento de los elementos del tipo, porque para ello también debería haberse hecho constar en el relato histórico, o bien razonándolo en los fundamentos jurídicos, que mediante este asesoramiento la acusada desconocía, o bien estaba incursa en un error (evitable, según se ha propuesto), acerca de que tal conducta era completamente lícita, porque no se apropiaba de nada ajeno. Sin embargo, los contornos fácticos del caso sometido a nuestra revisión casacional, nos llevan a otros resultados. En primer lugar, es incompatible esta propuesta con la aducida explicación (véase el motivo anterior), acerca de que lo que trataba de conseguir era una especie de aseguramiento de su saldo favorable en la disolución de la sociedad matrimonial (por lo demás, de indeterminado valor en la concordancia fáctica de la sentencia recurrida). En segundo lugar, porque la retirada de fondos, también lo hemos visto anteriormente, se lleva a cabo para intentar neutralizar una conducta afín por parte de su exmarido. En tercer lugar, porque la reiterada apropiación de fondos a cuentas distintas, y opacas (como la correspondiente a su hija, que es adonde se deriva la mayor parte de las cantidades), no es muy conforme con esa conciencia de estar obrando lícitamente. En cuarto lugar, porque tal proceder no se comunica al otro socio, ni se deja constancia escrita de que se va a operar así, sino que los hechos probados narran la conducta con tintes de clandestinidad (retiradas mediante cheques y efectivo, que va a parar a la cuenta de su hija)>>. (…)

Sentencia núm. 865/2005 de 24 junio. Recurso de Casación núm. 2033/2003. Ponente: Excmo Sr. Julián Sánchez Melgar

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