Jurisprudencia: derecho a la intimidad y derecho al secreto de las comunicaciones

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septiembre 25, 2013 por rubenherrerogimenez

A continuación presentamos una Sentencia[1] interesante por cuanto trata un tema de especial trascendencia como lo es el derecho a la intimidad y derecho al secreto de las comunicaciones.

La importancia de dicha resolución versa en si la manipulación o consulta de la agenda del teléfono móvil, sin previa autorización judicial, implica la vulneración del derecho a la intimidad, y sobre si la consulta de las llamadas entrantes y salientes registradas en un teléfono móvil, así como la identidad de los interlocutores, sin previa autorización judicial, implica vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Y es que resulta que, en el caso presente, del examen de la agenda de contactos telefónicos del teléfono móvil cuyo uso se le atribuye (al recurrente), se obtuvo un número telefónico que sirvió a la Policía Nacional para su identificación y posterior detención.

Las posturas enfrentadas son las siguientes.

Por un lado aquella doctrina (STC 70/2002, de 3 de abril), en donde el Tribunal Supremo concluye que el registro u observación de la agenda de contactos telefónicos de un teléfono móvil no supone injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), sino en el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), si bien en este caso esa injerencia en el derecho protegido por el artículo 18.1 CE resulta constitucionalmente legítima, porque las fuerzas del orden no necesitaban autorización judicial para proceder a registrar la agenda del teléfono móvil hallado en el lugar de los hechos, al estar justificada su actuación por razones de urgencia y necesidad y resultar satisfecho el principio de proporcionalidad, conforme se razona en la Sentencia.

Y, por otro, la defendida por el demandante de amparo, donde alega, en primer lugar, la vulneración de su derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), al entender que era necesaria una autorización judicial para proceder al examen de la agenda de contactos telefónicos del teléfono móvil cuyo uso se le atribuye, de la que se obtuvo un número telefónico que sirvió a la Policía Nacional para su identificación y posterior detención, toda vez que, a su juicio, no concurrieron las razones de urgencia, necesidad y proporcionalidad que hubieran podido justificar la injerencia en dicho derecho fundamental.

Asimismo, el demandante de amparo, sostiene que se ha vulnerado su derecho al secreto de la comunicaciones (art. 18.3 CE), argumentando que la manipulación de la agenda del teléfono móvil cuyo uso se le atribuye se produjo, a su juicio, a consecuencia de la previa observación de las llamadas efectuadas y recibidas en el móvil intervenido, es decir, a partir de datos registrados durante un proceso de comunicación y que, pese a estar protegidos por el derecho al secreto de las comunicaciones, fueron obtenidos sin la necesaria autorización judicial.

La Sala, en el Fundamento de Derecho Tercero, respecto a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (18.3 CE) expone lo siguiente:

<<…los agentes de policía accedieron a la agenda de direcciones del teléfono móvil que encontraron encendido en el invernadero del que salieron huyendo varias personas tras ser sorprendidas por la irrupción policial, pudiendo comprobar los agentes que dicha agenda telefónica contenía un nombre registrado como «mamá», correspondiente a un número de teléfono fijo de Cádiz perteneciente a la madre del recurrente en amparo. No estamos, por tanto, ante un supuesto de acceso policial a funciones de un teléfono móvil que pudiesen desvelar procesos comunicativos, lo que requeriría, para garantizar el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), el consentimiento del afectado o la autorización judicial, conforme a la doctrina constitucional antes citada. El acceso policial al teléfono móvil del recurrente se limitó exclusivamente a los datos recogidos en la agenda de contactos telefónicos del terminal –entendiendo por agenda el archivo del teléfono móvil en el que consta un listado de números identificados habitualmente mediante un nombre–, por lo que debe concluirse que dichos datos «no forman parte de una comunicación actual o consumada, ni proporcionan información sobre actos concretos de comunicación pretéritos o futuros» (STC 142/2012, FJ 3), de suerte que no cabe considerar que en el presente caso la actuación de los agentes de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de investigación supusiera una injerencia en el ámbito de protección del artículo 18.3 CE. En efecto, con el acceso a la agenda de contactos del teléfono móvil del recurrente los agentes de policía no obtuvieron dato alguno concerniente a un proceso de comunicación emitida o recibida mediante dicho aparato, sino únicamente a un listado de números de teléfono introducidos voluntariamente por el usuario del terminal, equiparable a los recogidos en una agenda de teléfonos en soporte de papel (STC 70/2002, FJ 9). Por tanto, «siendo lo determinante para la delimitación del contenido de los derechos fundamentales garantizados por los artículos 18.1 y 18.3 CE …no el tipo de soporte, físico o electrónico, en el que la agenda de contactos esté alojada», ni «el hecho … de que la agenda sea un aplicación de un terminal telefónico móvil, que es un instrumento de y para la comunicación, sino el carácter de la información a la que se accede» (STC 142/2012, FJ 3), debe descartarse que el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) se haya visto afectado en el presente caso por la actuación policial descrita…>>[2].

(…).

Por lo que respecta a la intromisión ilegítima al derecho a la intimidad que el recurrente de amparo alega, la Sala expone lo siguiente:

<<…el acceso policial limitado a los datos recogidos en el archivo electrónico o agenda de contactos telefónicos de un terminal móvil –sin afectar al registro de llamadas entrantes y salientes, ni a ningún otro archivo o enlace que pudiera contener el terminal móvil– constituye una injerencia en el derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE), al igual que lo es la apertura de una agenda en soporte de papel y la lectura de los papeles encontrados en ella (STC 70/2002, FJ 9), pues la agenda de contactos telefónicos contenida en un teléfono móvil (entendiendo por tal el archivo elaborado por el titular de dicho teléfono que, como también ya hemos dicho, recoge una relación de números telefónicos identificados habitualmente mediante un nombre) ofrece información que pertenece al ámbito privado de su titular, siendo aplicable nuestra doctrina según la cual el artículo 18.1 CE garantiza al individuo un ámbito reservado de su vida «vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuales sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio» (SSTC 127/2003, de 30 de junio, FJ 7, y 89/2006, de 27 de marzo, FJ 5, entre otras). La protección de ese ámbito reservado confiere a la persona, así, el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido (SSTC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 2; 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5; 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2, y 241/2012, FJ 3, entre otras muchas). No obstante, también constituye doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho a la intimidad no es absoluto –como no lo es ningún derecho fundamental–, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el límite que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr un fin constitucionalmente legítimo y sea proporcionado (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5, 186/2000, de 10 de julio, FJ 5, y 156/2001, de 2 de julio, FJ 4). Asimismo hemos señalado, como antes se dijo, que a diferencia de lo que sucede en el caso del derecho garantizado por el artículo 18.3 CE, el artículo 18.1 CE no prevé la misma garantía de autorización judicial respecto de las intervenciones que afectan al derecho a la intimidad, de modo que excepcionalmente se ha admitido la legitimidad constitucional de que en algunos casos y con la suficiente y precisa habilitación legal, los agentes policiales pueda realizar en el ejercicio de sus funciones de investigación determinadas actuaciones que constituyan una injerencia leve en la intimidad de las personas sin previa autorización judicial (y sin consentimiento del afectado), siempre que se hayan respetado las exigencias dimanantes del principio de proporcionalidad (por todas, SSTC 123/2002, FJ 4; 281/2006, FJ 4;173/2011, FJ 2, y 142/2012, FJ 2). Precisando la anterior doctrina, hemos venido estableciendo como requisitos que proporcionan una justificación constitucional objetiva y razonable a la injerencia policial en el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), los siguientes: a) la existencia de un fin constitucionalmente legítimo, considerando como tal el interés público propio de la prevención e investigación del delito, y, más en concreto, la determinación de hechos relevantes para el proceso penal; b) que la medida limitativa del derecho a la intimidad esté prevista en la ley (principio de legalidad); c) que, en caso de no contar con autorización judicial (o consentimiento del afectado), la actuación policial se atenga a la habilitación legal, teniendo en cuenta que la ley puede autorizar a la policía la práctica de inspecciones, reconocimientos e incluso intervenciones corporales leves, siempre y cuando se respete el principio de proporcionalidad, concretado en tres exigencias o condiciones: idoneidad de la medida, necesidad de la misma y juicio de proporcionalidad en sentido estricto (por todas, STC 173/2011, FJ 2, y la jurisprudencia allí citada)…>>[3].

(…).

La Sala finalmente llega a la siguiente conclusión:

–       <<…los agentes de policía actuaron atendiendo a un fin constitucionalmente legítimo, como es el interés público propio de la investigación de un delito y el descubrimiento de los delincuentes, lo que «constituye un bien digno de protección constitucional, a través del cual se defienden otros como la paz social y la seguridad ciudadana, bienes igualmente reconocidos en los artículos 10.1 y 104.1 CE» [SSTC 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3 a), y 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 9]>>[4].

–       <<…la actuación policial se desarrolló en el marco de la comisión de un delito flagrante, un grave delito de tráfico de drogas cuyos autores emprendieron la huida al ser sorprendidos por los agentes de policía, lo que no impidió a éstos la aprehensión de un importante alijo de hachís, así como de un arma de fuego y munición, entre otros efectos, conforme ha quedado expuesto. En este contexto, y en unidad de actuación con la finalidad de averiguar la identidad de los autores, la policía accedió, como ya se ha dicho y quedó probado, sólo a la agenda de contactos de los teléfonos abandonados en lo precipitado de la huida (esto es, a la relación o listín telefónico que sólo contiene nombres y sus correspondientes números de teléfono), lo que facilitó la inmediata identificación, localización, posterior detención y puesta a disposición judicial de las cuatro personas que aparecían como presuntamente responsables del delito contra la salud pública perpetrado, por el que finalmente fueron condenados el recurrente y otro acusado>>[5].

–       <<…los agentes policiales actuaron en el presente caso con el apoyo legal que les ofrecen el artículo 282 de la Ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, y el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, que conforman «una habilitación legal específica que faculta a la policía para recoger los efectos, instrumentos y pruebas del delito y ponerlos a disposición judicial y para practicar las diligencias necesarias para la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente» (SSTC 70/2002, FJ 10, y 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 2). Entre estas diligencias se encuentra la de examinar o acceder al contenido de esos instrumentos o efectos, así como a los documentos o papeles que se le ocupen al detenido, realizando un primer análisis de los mismos, siempre que ello sea necesario de acuerdo con una estricta observancia de los requisitos dimanantes del principio de proporcionalidad (SSTC 70/2002, FJ 10, y 173/2011, FJ 2),…>>[6].

–       <<…si bien los agentes de policía accedieron a los datos recogidos en la agenda de contactos telefónicos del terminal móvil del recurrente sin autorización judicial (ni tampoco consentimiento del afectado), ya hemos adelantado que tal exigencia se excepciona en los supuestos en que existan razones de necesidad de intervención policial inmediata para la averiguación del delito, el descubrimiento de los delincuentes o la obtención de pruebas incriminatorias, siempre que se respete el principio de proporcionalidad (SSTC 70/2010, FJ 10, y 173/2011, FJ 2, entre otras), como acontece en el presente caso, conforme pasamos seguidamente a exponer>>[7].

–       <<…y en atención al cumplimiento del requisito de proporcionalidad, con el acceso policial a las agendas de contactos telefónicos de los terminales móviles incautados en el lugar de los hechos –acceso que se limitó a los datos recogidos en dichas agendas, sin afectar a los registros de llamadas, y que no necesitó de ningún tipo de manipulación extraordinaria por parte de los agentes policiales, toda vez que para acceder a las funciones de los terminales móviles no fue necesario introducir contraseña o clave de identificación personal alguna, al hallarse encendidos los teléfonos móviles– se consiguió identificar como usuario de uno de dichos aparatos, y a la postre detener, al recurrente (juicio de idoneidad), detención que se produjo, como queda dicho, a las dos o tres horas de su huida en el invernadero; además, no existía otra medida más moderada para la consecución de tal propósito –la identificación de las personas que huyeron tras ser sorprendidas por la policía en el invernadero donde fue aprehendido el alijo de droga– con igual eficacia, toda vez que gracias a la identificación inmediata del recurrente como usuario de uno de los teléfonos móviles encontrados por los agentes de policía se pudo corroborar su presencia en el lugar de los hechos, así como obtener otras pruebas incriminatorias para fundamentar la convicción judicial sobre su participación en el delito contra la salud pública por el que ha sido condenado (juicio de necesidad); y, finalmente, se trató de una medida ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, dada la naturaleza y gravedad del delito investigado y la leve injerencia que comporta en el derecho a la intimidad del recurrente el examen de la agenda de contactos de su teléfono móvil (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)>>[8].


[1] Pleno. Sentencia TC 115/2013, de 9 de mayo de 2013. Recurso de amparo 1246-2011.BOE Núm.133, martes 4 de junio de 2.013. Pág. 108 y ss.

[2] Fundamento de Derecho Tercero. Subrayado no recogido en la Sentencia.

[3] Fundamento de Derecho Quinto. El subrayado no aparece en la Sentencia.

[4] Fundamento de Derecho Sexto. El subrayado no aparece en la Sentencia.

[5] Fundamento de Derecho Sexto. El subrayado no aparece en la Sentencia.

[6] Fundamento de Derecho Sexto. El subrayado no aparece en la Sentencia.

[7] Fundamento de Derecho Sexto. El subrayado no aparece en la Sentencia.

[8] Fundamento de Derecho Sexto. El subrayado no aparece en la Sentencia.

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